Joaquín Gavilán realizó un fuerte descargo en redes sociales donde aseguró que le exigieron dinero para dejar la institución. Desde la Sociedad de Tiro y Gimnasia rechazaron las acusaciones, defendieron su accionar y afirmaron que respetan los reglamentos vigentes de AFA y la Liga del Ramal.

Una nueva controversia sacude al fútbol del Ramal jujeño. El juvenil Joaquín Alejandro Gavilán, de 17 años, hizo público un reclamo contra la Sociedad de Tiro y Gimnasia al denunciar presuntas trabas para obtener su libertad de acción y continuar su carrera deportiva en otras instituciones.

A través de un extenso mensaje difundido en redes sociales, el futbolista expresó su malestar por la situación que atraviesa y aseguró que, pese a haber solicitado en varias oportunidades su salida del club, no logró llegar a un acuerdo con los dirigentes.

Según manifestó el jugador, desde la institución le habrían solicitado una suma de dinero para otorgarle el pase definitivo, algo que aseguró no poder afrontar debido a la difícil situación económica que atraviesa su familia.

"Solo quiero mi pase para poder seguir creciendo y probando experiencias en otros clubes", expresó el juvenil, quien además denunció haber recibido advertencias sobre una posible inactividad deportiva en caso de no regresar a la institución una vez finalizado su préstamo actual.

La respuesta de Tiro y Gimnasia

Ante la repercusión que generó el caso, la Comisión Directiva de la Sociedad de Tiro y Gimnasia emitió un comunicado oficial en el que rechazó las acusaciones y calificó como "falsas versiones" gran parte de los señalamientos realizados públicamente.

Desde la entidad explicaron que Gavilán mantiene un contrato de préstamo vigente con el Club Rodeito desde el 18 de marzo hasta el próximo 30 de julio de 2026, acuerdo que, según indicaron, fue solicitado por la propia familia del jugador y contempla una compensación económica a cargo del club receptor.

Asimismo, señalaron que el gerente deportivo de la institución, Fabián Miguelez, mantuvo diversas reuniones con el futbolista y sus familiares para explicar la necesidad de respetar los plazos contractuales establecidos.

"Al finalizar este acuerdo volveremos a dialogar para buscar el mejor camino", señalaron desde la dirigencia.



El debate por los derechos de formación

Uno de los puntos centrales de la controversia gira en torno al derecho de formación de los futbolistas juveniles, un mecanismo reconocido por los reglamentos deportivos que busca compensar el trabajo realizado por los clubes en el desarrollo de sus jugadores.

Sobre este aspecto, Tiro y Gimnasia fue categórico al sostener que no cobra derechos de formación y que históricamente ha priorizado el crecimiento deportivo de sus futbolistas.

"Actualmente ocho jugadores formados en nuestra institución se desempeñan en clubes de Buenos Aires y no pedimos dinero por sus pases. Además, durante 2026 otorgamos más de veinte libertades de acción sin costo y sin trabas", remarcaron en el documento.

La entidad también lamentó que un tema que considera estrictamente deportivo y contractual haya adquirido una dimensión pública, atribuyendo parte de la polémica a intereses externos vinculados al ámbito político y deportivo.

La familia formalizó el reclamo mediante carta documento

Lejos de limitarse al descargo realizado en redes sociales, la familia de Joaquín Gavilán avanzó formalmente con una carta documento dirigida a la Sociedad de Tiro y Gimnasia. El escrito, firmado por su madre y representante legal, Esther Milagros Ruiz, intima a la institución a otorgar la libertad de acción del futbolista y a abstenerse de adoptar medidas que puedan restringir su desarrollo deportivo o su incorporación a otra entidad.

En el documento se sostiene que cualquier limitación al futuro deportivo del juvenil sería contraria al principio del interés superior del niño, contemplado por la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación argentina vigente. Asimismo, la familia solicita una rectificación pública de información que considera inexacta y advierte sobre la posibilidad de impulsar acciones administrativas y judiciales en caso de no obtener una respuesta favorable.